La medida afecta a las contrataciones del profesorado de refuerzo y los centros exigen mejoras a la conselleria

• Las Provincias
• 11 Jul 2022
• J. BATISTA

Los colegios concertados se han convertido en la diana de las políticas educativas en la Comunitat. Ahora, la reforma laboral pone en peligro la contratación del profesorado de refuerzo.

VALENCIA. La aplicación de la reforma laboral va a poner en una complicada tesitura a los colegios concertados a la hora de renovar los contratos del profesorado de refuerzo, que recalan en los centros a través de programas periódicos que impulsa la conselleria. La última convocatoria, correspondiente al curso que ya acaba, supuso una dotación de horas lectivas equivalente a unos 400 docentes.

Se trata de personal eventual que se suma a los profesionales de la plantilla ordinaria y que se centra en atender al alumnado que precisa de atención adicional, ya sea por necesidades específicas de apoyo o para mejorar su aprendizaje mediante programas específicos de refuerzo, como los PR4 de 4º de la ESO o los PMAR, que consisten en flexibilizar los contenidos para facilitar su avance escolar.

La modificación legislativa implica que este profesorado pueda tener la condición de eventual durante un máximo de un año, en lugar de los tres actuales. Y agotado ese periodo el contrato debe pasar a indefinido.

La clave está en que los programas de la administración que permiten su llegada a los centros son de carácter anual, y la dotación no sólo puede variar de un ejercicio a otro, sino incluso desaparecer si se reduce el alumnado objetivo o incluso por decisión de la propia administración.

Es decir, serían docentes cuyo salario ya no cubre la conselleria con fondos públicos, y si los centros no los pueden reubicar –algo probable al desaparecer la necesidad que cubrían– no tendrían más salida que prescindir de ellos, asumiendo la correspondiente indemnización, que con el paso de los años de contrato fijo sería cada vez más elevada.

«El problema es que la reforma no encaja bien con la especifidad del sector concertado», explica Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). «Hasta ahora a estos docentes los podíamos ir renovando durante tres años, algo que suele ser habitual por el beneficio pedagógico que da la máxima continuidad posible. El profesional interioriza las dinámicas del centro, se implica en el proyecto educativo y conoce a los alumnos y familias», añade.

«El temor está en que con la reforma se generalice la opción de cambiar de docente al cabo del año ante la incertidumbre de tener que pasar a un contrato fijo sin una garantía de que esas funciones se mantendrán a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos programas cambian completamente a corto plazo?», se pregunta Villanueva.

A su juicio, hay dos soluciones que permitirían encajar la modificación legislativa con las necesidades de los centros. Por un lado el compromiso de que fuera la administración la que asumiera el coste de la indemnización en caso de despido tras el cese de funciones. «No es una cuestión de que los colegios quieran eludir responsabilidades en materia laboral, sino que supondría un coste propio que se sumaría a otros tantos que ya se asumen por el corto alcance del módulo de otros gastos del concierto», matiza, en referencia a que los fondos públicos que recibe la red llevan más de una década sin actualizarse.

La otra salida pasaría por una negociación de las plantillas, de manera que el profesorado de refuerzo formara parte de la estructura ordinaria de los centros, dando estabilidad a la relación laboral y dejando de depender de planes periódicos.

Cambio en el convenio

«Además de la cuestión pedagógica y económica la aplicación de la reforma consigue un efecto contrario: contribuye a precarizar el empleo si se pasa a contrataciones de un año, cambiando de profesional», dice Villanueva.

La situación podría haber sido más compleja, pues la modificación legislativa contemplaba que el periodo máximo para estos perfiles fuera de seis meses, salvo que se adoptara un acuerdo distinto a nivel sectorial.

Es lo que ha sucedido. Patronales y sindicatos impulsaron una modificación del convenio colectivo, efectiva desde el mes pasado, que ha permitido ampliar el periodo hasta un año, autorizando además que los contratos fijos discontinuos (los de estos profesionales) fueran también a tiempo parcial.

Las patronales piden que el personal de apoyo se integre en el concierto para no depender de programas anuales

«Además del perjuicio pedagógico se da un efecto contrario: se fomentan contratos más precarios», dice Alberto Villanueva