El TSJ obliga a incluir a los centros en las ayudas para aumentar la presencia femenina en los estudios de FP
Las Provincias
28 Jun 2022
J. BATISTA
Mes y medio después de su dimisión como conseller de Educación, Vicent Marzà continúa acumulando reveses judiciales, otra vez por la discriminación de la enseñanza concertada.
VALENCIA. La justicia ha vuelto a enmendar las políticas de la Conselleria de Educación tras considerar que se ha discriminado a los colegios concertados valencianos, que fueron excluidos de las ayudas que persiguen incrementar la presencia de alumnas en estudios de FP en los que tradicionalmente la matrícula está copada por hombres.
El fallo, que es recurrible, implica que la administración debe permitir la participación de las estudiantes de las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos en las próximas convocatorias, y se deriva de una impugnación presentada por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). Además se suma a otro pronunciamiento reciente, en la misma línea, referido a la exclusión de la red en la dotación de auxiliares de conversación en inglés que Educación limitó a los centros públicos a partir de 2016.
Alumnos de Formación Profesional.
Las ayudas se crearon en el curso 2009-2010, con el PP y sin distinciones de titularidad entre las beneficiarias, que podían disponer de hasta 600 euros para cubrir cualquier gasto relacionado con su formación, como desplazamientos o materiales. Empezaron con una sola familia profesional (Fabricación Mecánica), cuyos títulos tenían una presencia femenina muy minoritaria, ampliándose en los ejercicios sucesivos a más estudios hasta llegar a los 41 de la última convocatoria, la de 20202021.
En 2016 se produjo un punto de inflexión, pues la conselleria, ya con Compromís, cambió el ámbito de aplicación, limitando la concurrencia a las alumnas de los centros públicos. Tres años después la patronal de centros concertados decidió recurrir la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018-2019. El fallo, conocido la pasada semana, anula el alcance de las ayudas «por vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de toda clase de discriminación».
La argumentación de la sala de lo contencioso se justifica en el principio de unidad de doctrina, en el sentido de que hace escasas semanas se conoció la sentencia referida a los auxiliares de inglés, también propiciada por un recurso de Feceval. De hecho los fundamentos a los que recurre el tribunal son calcados, y tienen mucho que ver con otra polémica derivada de las políticas del Botánico: dejar fuera de las becas autonómicas a los estudiantes de las universidades privadas.
La sentencia recoge la jurisprudencia sobre la materia, que obligó a la administración autonómica a rectificar su postura. El asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional, que consideró que la regulación de las ayudas de matrícula aprobada en 2016 introducía «una diferencia entre las universidades del sistema valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 de la Constitución, debe poseer para ser considerada legítima». También se alegó que esta disposición contravenía la regulación básica estatal, que no daba pie a fijar un trato distinto entre redes de enseñanza.
Respecto a la sentencia del TSJCV sobre los auxiliares de inglés, la sala alegó que dejar fuera a los concertados «carece de toda justificación» en arreglo a la Ley de Plurilingüismo aprobada por Les Corts, que prevé dotar de recursos a los centros para alcanzar los objetivos en cuanto al dominio de las lenguas oficiales y del inglés. También señaló que tampoco podía ampararse en la ley orgánica estatal para justificar la exclusión, defendiendo que el fin último del programa, independinetemente de la titularidad de la escuela, era «no sólo mejorar la formación y conocimientos (del alumnado) sino también facilitar su integración sociolaboral».
Sobre esta última cuestión, la conselleria ha optado por presentar un recurso de casación, por lo que la eficacia de la sentencia dependerá del pronunciamiento último del Supremo. Cabe pensar que se procederá de manera similar en relación a las ayudas de FP.
En el año 2016 la conselleria cambió las subvenciones, limitándolas a las alumnas de centros públicos
El tribunal cita varapalos previos como la exclusión de las universidades privadas en las becas autonómicas
