Las Provincias 29 May 2022 J. BATISTA
Alberto Villanueva Presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval)
«Nos faltará tiempo para aplicar los cambios previstos en ESO y Bachillerato. Y causa inquietud»
«La nueva ley de FP genera muchas oportunidades, pero necesitamos que se nos tenga en cuenta»
Alberto Villanueva dirige el colegio Trafalgar de Valencia y preside una de las dos patronales de centros concertados. Desconfía de los presupuestos «ideológicos» de la Ley Celaá (la Lomloe) y critica que esta enseñanza, para la conselleria, siempre vaya «un pasito por detrás». También se muestra preocupado por el futuro de las escuelas infantiles privadas ante la creciente competencia de la oferta pública. «Necesitamos un mapa de necesidades, por zonas y municipios, para evitar duplicidades», reclama. –¿Qué peticiones trasladarán a la consellera Tamarit? –Pudimos hablar en el acto de cambio de carteras y la primera impresión fue buena. Tiene un perfil continuista. Eso sí, nos gustaría que comprendiera que la red educativa es dual. Que la enseñanza concertada quiere los mismos derechos y recursos, las mismas oportunidades.
–¿En qué es más urgente avanzar en este aspecto?
–Están los auxiliares de conversación, que sólo llegan a los centros públicos pese a que lo hemos pedido infinidad de veces. Y también que se amplíe el alcance del nuevo modelo de orientación. ¿Por qué los colegios de Infantil y Primaria públicos ya cuentan con él y nosotros tenemos que esperar al curso 2022-2023? En este el cambio nos ha causado problemas. Por ejemplo, antes teníamos los recursos docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en septiembre, pues los pedíamos a los antiguos SPE y se nos concedía. Al desaparecer ha sido necesaria una nueva regulación que ha retrasado la llegada de este profesorado. La conselleria nos ha dicho que el curso que viene dispondremos de horas para tener orientadores que se incluirán en el concierto. Es necesario que se concrete. En resumen, para la conselleria los concertados siempre vamos un pasito por detrás. –Esta semana celebraron una jornada sobre los currículos y la organización derivada de la Lomloe. ¿Qué sensaciones trasladaron los centros?
–En Infantil y Primaria hay cambios, pero no son tan significativos. Aunque los decretos valencianos que los concretan lleguen más tarde el problema no será tan grave. En la ESO y Bachillerato es diferente. Hay cambios importantísimos de asignaturas con muchos más cambios, igual nos lo encontramos a finales del mes de julio.
–Los colegios públicos vuelven a copar la clasificación de los centros más demandados, según la conselleria, aunque en realidad se refiera a los que más difícil ha sido entrar. ¿No se supone que la concertada tiene una gran demanda social?
–No sé muy bien qué metodología se utiliza para hacer esas clasificaciones, la verdad. Sí sé, en base a nuestros datos, que los centros concertados siguen siendo muy demandados.
–¿Cómo cree que afectará la supresión del concepto de demanda social en la Lomloe como criterio a tener en cuenta a la hora de que una administración planifique la oferta de plazas?
–Me choca que un Gobierno que se considera social haga algo así. Sólo se explica por cuestiones ideológicas. Lo han quitado con la intención de que las familias tengan más difícil elegir enseñanza concertada. Así a un centro muy demandado se le puede quitar una línea y llenar otro menos demandado con esos alumnos. Lo que habría que hacer es ver por qué uno se solicita más que otro y actuar para solucionarlo.
–¿Les preocupa el desplome de la natalidad?
–Es una cuestión problemática, aunque se han tomado medidas acertadas, como la reducción de ratios en 1º Infantil en municipios con pocos nacimientos. Siempre lo hemos apoyado, pues ayuda, entre otras cosas, a no cerrar aulas en esos centros. La menor natalidad se está notando y de horas semanales, metodológicos, sobre la oferta de optativas… Tenemos que contratar profesores en función de las asignaturas. La inquietud que provoca saber que todo esto se nos viene encima y que tendremos que tenerlo cerrado para el 1 de septiembre es grande. Nos faltará tiempo. Hemos pedido que se posponga la implantación de los nuevos currículos un año y no se ha conseguido. Hasta la conselleria lo ha planteado al ministerio.
–¿Cómo afectará el cambio a los libros de texto? –Desde luego obligará a cambiar mucho los bancos de Xarxallibres. Las editoriales ya nos están trayendo modelos de prueba basados en los reales decretos del ministerio, porque estas normativas todavía no se han desarrollado a nivel autonómico. Por ejemplo, para Primaria se han hecho libros de Naturales y Sociales, que es algo que se permite, pero en la Comunitat existirá Conocimiento del Medio. También afectará a los proyectos lingüísticos. En nuestro centro Sociales la damos en inglés. Pero si Conocimiento del Medio tenemos que darla en valenciano, como siempre ha sucedido en años anteriores, me cambia el porcentaje en cada lengua. Todo esto lo tendremos que gestionar cuando salgan los decretos valencianos, no lo puedo planificar ahora. Nos lo encontraremos a finales de junio. Pero en Secundaria y Bachillerato, muchísimo en los centros de Infantil de cero a tres años, una preocupación que se suma a la creación de aulas de dos-tres años en colegios públicos. –¿Pese a que los centros privados también tendrán gratuidad en estas plazas el nuevo curso? –Es verdad que tendremos hasta 280 euros al mes por plaza,
«Se han tomado medidas acertadas ante la caída de la natalidad, como reducir las ratios»
«Los concertados jugamos con las mismas reglas y obligaciones que los centros públicos»
«Se están instalando aulas de dos años en zonas donde no hacen falta al estar la demanda cubierta»
pero hay que tener en cuenta que las escuelas infantiles están abonando pólizas de crédito para poder subsistir, sufren la caída de la natalidad y también las medidas que se aplican y los anuncios que se hacen. Cuando empezó el proyecto de crear aulas de dos años en colegios públicos la filosofía era hacerlo donde faltaba oferta, o para reflotarlos. Ahora ya no. Este año, con la llegada de la gratuidad para todos, se ha abierto la veda, instalando aulas en zonas donde no hacen falta. Esto genera incertidumbre. Muchas escuelas que podrían subsistir con el incentivo de la gratuidad corren riesgo de no tener matrícula suficiente por haberse abierto varias de estas unidades en su zona pese a que la demanda ya está cubierta, con centros públicos y privados. Luego está el plan del Gobierno para crear 6.800 plazas de cero a tres años en la Comunitat con fondos de Europa, creando una oferta que posiblemente no sea necesaria teniendo en cuenta los centros ya consolidados. Necesitamos un mapa real que evalúe las necesidades antes de destinar dinero para generar algo que ya existe. Igual que en la FP.
–¿En qué sentido?
–La nueva ley genera muchas oportunidades, pero necesitamos que nuestros centros, que han estado funcionando durante muchos años con inversión privada, sean tenidos en cuenta. Se han dado casos en que se generan títulos en la pública y a nosotros no se nos deja crecer pese a plantear grados con demanda o innovadores. Incluso se ha llegado a alegar que no salen adelante porque al curso siguiente lo va a implantar un centro público de la misma zona.
–¿Qué características definen, a su juicio, a un concertado?
–A veces la gente no lo tiene claro, pero es básico que se sepa que jugamos con las mismas reglas y obligaciones que los públicos. Creo que la enseñanza concertada testea muy bien la sociedad. Somos entidades privadas sostenidas parcialmente con fondos públicos con una elevada capacidad de adaptación a los cambios y que se dedican a prestar un servicio educativo de calidad. Creo que esta mayor agilidad de adaptación es una diferencia clara respecto a un centro público.
